miércoles, 27 de marzo de 2013

 
LA NECESIDAD DE CAMBIAR LOS PROCESOS DE REVOCATORIA
El Perú es campeón mundial de las revocatorias

 
Ha culminado la votación de la consulta popular para revocar a la alcaldesa y regidores de Lima pero no ha culminado el proceso, pues estamos a la espera de saber si habrá nuevas elecciones en el caso que un número sustantivo de regidores sea revocado. De ser necesarias serán unas elecciones sin sentido: tendremos regidores provisionales e improvisados por ocho meses; votaremos por un número de regidores que en la práctica no conocemos; el resultado será un albur, pues para gobernar la ciudad el alcalde requiere apoyo; por ello cuando se escoge un alcalde se lo hace junto con su equipo de trabajo. ¿O acaso en la votación a la alcaldía elegimos regidor por regidor? Y por último estos regidores serán provisionales, pues el 2014 hay nuevas elecciones.

Pero algo ha ganado el país con este proceso: se ha tomado conciencia que este mecanismo, propio de la democracia directa, tiene poca viabilidad en una colectividad amplia; en un universo de dos mil electores se puede conocer a los regidores, pero no en una ciudad de ocho millones de habitantes. Hemos tomado conciencia que el Perú es el campeón mundial de las revocatorias, con casi cinco mil autoridades consultadas frente a 30 o 20 que se han consultado en países aledaños; que la votación ha sido tan enrevesada que casi 17,000 actas con un millón y medio de votos han sido observadas y están en revisión por los Jurados Especiales. Que el gasto que implica (no sólo el directo del estado sino el de toda la ciudadanía) no se justifica. Que se han constituido en el Perú grupos de revocadores profesionales cuyo común denominador es su falta de ética, que en provincias y distritos ofrecen sus servicios apenas culminada una elección tentando al candidato perdedor y muchas veces al mismo teniente alcalde de la lista ganadora; grupos que incluso no cobran por el proceso sino con la victoria (le llaman “honorarios de éxito”) ya sea en efectivo o en “negocios” con la nueva autoridad municipal.

Existe la posibilidad de la reforma constitucional, o la promulgación de una ley que pula los defectos; pero ya hay consenso de hacer una reforma sobre este tema. Esperemos que la iniciativa se concrete cuanto antes.

Juan Borea Odría

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