miércoles, 8 de mayo de 2013

 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
A propósito de la renuncia del Magistrado Ricardo Beaumont

 
Para muchos de nuestros lectores el título de esta editorial no debe decirle mucho. Sin embargo el Tribunal Constitucional es una de las más importantes instituciones del país: su función es garantizar que las leyes que se emiten no vulneren el orden constitucional, y defender los derechos constitucionales d personas e instituciones. Carece de la facultad de crear leyes pero, pero si entiende que una ley promulgada infringe la constitución puede anularla derogándola total o parcialmente.

Los siete miembros de este Tribunal son nombrados por el Congreso de la República por un período de cinco años. Y aquí empieza el problema que actualmente afecta la legitimidad de nuestro Tribunal: el período para el que fueron elegidos culminó hace años y el Congreso de la República no ha designado a los nuevos integrantes.

El entrampamiento obedece a que se requiere dos tercios del número legal de miembros del Congreso para nombrar a cada magistrado, y el Congreso ha sido incapaz de reunir esos dos tercios en ningún caso. No es por falta de magistrados probos en el país, sino porque (lamentablemente) las fuerzas políticas representadas en el Parlamento intentan tener control de todo o parte de las decisiones de este Tribunal designando personas afines a su causa (o sus intereses). Y como ninguna fuerza política alcanza los dos tercios, la lógica de la repartición de influencias que impulsan se ve trabada por la dispersión de votos posibles.

Hace poco uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, Ricardo Beaumont, renunció al cargo para llamar la atención a la sociedad sobre lo que está sucediendo; a pesar que su renuncia no ha sido aceptada por el pleno del Tribunal, que considera que mientras no se nombre reemplazante el actual titular debe permanecer en el cargo, la llamada de atención está hecha. Se hace urgente presionar al Congreso a fin que se pongan de acuerdo, busquen los magistrados que puedan desarrollar con dignidad y altura profesional esta difícil labor, y den de esa manera la legitimidad que requiere este organismo.
 
Juan Borea Odría   

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