jueves, 2 de diciembre de 2010


UN ROBO “LEGAL” QUE SE DEBE SANCIONAR

La denuncia del sindicato de trabajadores que publicó Perú 21 puso al descubierto una modalidad de ROBO (no de “viveza criolla”, presidente García) que bajo un manto de apariencia legal es un saqueo descarado del dinero del pueblo peruano. Nos referimos al caso del ex Ministro del Interior Fernando Barrios, quien a un día de culminar su contrato SE HIZO cesar de ESSALUD para cobrar una indemnización por “despido arbitrario” de 90,000 soles; más “muertos y heridos” por otros 110,000 soles, totalizando 190,000 soles.

El pago por “despido arbitrario” fue creado para defender a un trabajador en caso de ser expulsado sin razón de su empleo; es obvio que no era el caso de Barrios, pues fue “cesado” para asumir el cargo de Ministro del Interior al día siguiente. Tampoco de Edelmira Barrantes, quien cobró del mismo ESSALUD 65,000 soles para ser nombrada también al día siguiente Viceministro del Interior.

Los datos que están saltando a raíz de este escándalo (hasta ahora 432 casos) dejan en claro que esta modalidad no es creación de Barrios, sino una práctica sistemática en ESSALUD y en otras instituciones. Nos viene a la memoria otra práctica sistemática de “robo legal” utilizada en el primer gobierno del APRA amparada en la famosa y afortunadamente derogada “cédula viva”. Como la norma decía que el trabajador recibía para su jubilación el monto del último año de trabajo, se nombraban en el último año de su carrera a personas que habían sido conserjes, jardineros, secretarios, funcionarios de segundo nivel, como altos ejecutivos o “asesores” del Estado o de empresas Públicas, las que salían ganando para todo el resto de su vida sueldos que no habían ni financiado con sus aportaciones ni merecido por su desempeño laboral.

Cómo no dudar entonces de la limpieza de otras operaciones financieras dirigidas por estos individuos, tales como contratos para vigilancia por 260 millones de soles, compra de equipos, construcción de hospitales (¿ya nos olvidamos de los Petroaudios?). Extraña también que el “cese” de Barrios haya sido firmado por el Presidente de la República y su Ministra de Trabajo, y ninguno de los dos ni los asesores de su despacho se hayan percatado que estaban “cesando” al que iba a ser nombrado como Ministro del Interior al día siguiente.

Un dato financiero para que aquilatemos el daño que se ha hecho no solo a la moral pública sino a nuestras economías. El colegio que dirijo paga obligatoriamente a ESSALUD el 9% de la planilla con el fin que este dinero sirva para atender la salud de los trabajadores que se enferman. Esto significa 6,215 soles mensuales: casi diez pensiones de alumnos en un colegio tan pequeño se van a ESSALUD; al año serían 74,580 soles. Con todo lo que hemos pagado en un año, no alcanzamos a cubrir la “indemnización” de Barrios, mucho menos de sus “otros rubros”. Son nuestros sueldos, nuestras pensiones escolares, las que este sinvergüenza y otros similares sustraen bajo apariencia legal. Y cuando un asegurado quiere atenderse le dan cita para uno o dos meses más.

Estas prácticas deben ser sancionadas. Moralmente con el rechazo de la ciudadanía tanto a los individuos como a las instituciones que los nombran y protegen. Deben ser sancionadas también legalmente para que recuperemos la confianza en el Estado y sus instituciones.
Juan Borea Odría

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